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¿Qué ha de entenderse por “análoga relación de afectividad aún sin convivencia?

28 nov.

En la interesante Sentencia Audiencia Provincial Tarragona 9.mayo.2016 interpreta que ha de entenderse por “análoga relación de afectividad aun sin convivencia” (art. 153.1 CP). Lawyer signing legal documentsLa relación afectiva análoga requiere, durante su desarrollo, de las notas de:

i) Continuidad entendiéndose por tal una habitualidad en el modo de vida en común que exterioriza un proyecto compartido. La continuidad puede ser compatible con rupturas más o menos breves que no impidan reconocer la existencia de un proyecto de vida en común, y

ii) Estabilidad comportando una idea de permanencia en el tiempo. Pero ¿Cómo determinar si una pareja es estable o no? Ante la ausencia de criterios objetivos obliga a acudir a:

  • La intención de estabilidad de los vinculados que, como dato subjetivo, ha de acreditarse acudiendo a elementos y circunstancias externas que han de ser tratadas como indicios y su pluralidad permitirá acreditar la estabilidad; como por ejemplo, otorgamiento de contratos comunes de arrendamiento o adquisición de vivienda, otro tipo de negocios comunes, existencia de cargas asumidas por los dos, cambios recientes de residencia, cuentas bancarias compartidas, duración de la relación, intercambio de llaves de las respectivas viviendas, en supuestos de no convivencia bajo el mismo techo, disposición de enseres y efectos personales de un miembro de la pareja en el domicilio del otro…

iii) Como elemento que refuerza a los dos anteriores, cabe hacer referencia a la notoriedad que supone el comportamiento exteriorizado de los sujetos como pareja (su consideración como tal por el entorno social y personal); como por ejemplo, la inscripción de la pareja en registros públicos que facilitará la prueba no sólo de la existencia de la relación sino de su carácter estable.

 

gavel on a black background closeupSigue afirmando que la convivencia en un mismo domicilio no es una nota constitutiva ni decisiva de la equiparación de la relación afectiva con la matrimonial, sí bien permite apreciar con mayor facilidad las notas definitorias de continuidad y estabilidad. La relación personal debe identificar rasgos de particular intensidad y, sobre todo, notas cualificadoras derivadas de la presencia de un proyecto exteriorizado de vida en común, aun cuando no reclame convivencia.

“Dicho proyecto pasa por la identificación de actos externos destinados a institucionalizar, a estabilizar, dicho proyecto mediante previsiones de convivencia futura -como, por ejemplo, alquiler o compra de vivienda, periodos más o menos amplios de convivencia bajo el mismo techo durante el transcurso de la relación de pareja, vinculaciones comunes en obligaciones o proyectos económicos, tiempo especialmente amplio de relación personal, conocimiento de los respectivos núcleos familiares, percepción social de estabilidad de la relación, notoriedad, condiciones personales que permitan el desarrollo de una relación de pareja asimilable a matrimonio etc. –“.

 

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La prueba preconstituida en el proceso penal

2 des.

magnifying glass , gavel and old law booksEl presente post ha sido redactado por Judit Àvila Cambra, estudiante del Màster d’Accès a l’Advocacia de la U.R.V. que realiza las correspondientes prácticas en nuestro despacho d’@atresadvocats.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2015, se pronuncia sobre la negativa injustificada de la víctima a testificar en el juicio, impidiendo incorporar la declaración policial prestada  por la víctima en la fase de instrucción como prueba de cargo. Por lo tanto, esta negación a testificar por segunda vez, anula la prueba prestada en la fase de sumario.

El proceso sobre el que se pronuncia la sentencia en cuestión, se inicia con la Instrucción en Barcelona, quienes instruyen diligencias de sumario por delito de agresión sexual, quedando estas agresiones probadas; se condena al acusado como autor penalmente responsable. Por el condenado, presenta recurso de casación basándolo, entre otros extremos, en la infracción constitucional en referencia al art. 9.8 de la LOPJ y art. 852 LECr., en relación a los arts. 448 y 730 LECr. y del CEDH, haciendo remisión al fundamento de la sentencia de primera instancia la cual permite la introducción en juicio oral de unas declaraciones practicadas en fase de instrucción como prueba preconstituida al amparo del ya citado art. 448 LECr. cuando no había imposibilidad alguna para que se practicase dicha prueba en la vista oral.

El argumento que sostiene la Sala es que en primera instancia se introdujo indebidamente en el juicio oral la declaración de la denunciante al amparo del art. 448 LECr, sin que se dieran las circunstancias del art. 730 LECr., puesto que no concurrió verdadera imposibilidad de práctica de la prueba en el juicio oral, ya que aunque la victima fuere estadounidense y en el momento de la práctica de la vista esta se encontrase en su país de residencia, se propuso practicar la declaración mediante medios audiovisuales pudiendo esta responder sin necesidad de trasladarse a España. Incidiendo que sin practicarse la declaración en juicio oral, hay una verdadera falta del modelo del proceso acusatorio puesto que se carece de una práctica de la prueba inmediata y directa ante el órgano encargado del enjuiciamiento, habiéndolo solo delante del órgano encargado de la instrucción. Insistiendo la indicada sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2015 que el rechazo a la posibilidad de testificar, vía videoconferencia, en el juicio no comporta ser una opción de las establecidas en los arts. 448 y 730 LECr.

Gavel on folderAun así, existe un voto particular, que es ejemplo de la divergencia sobre el hecho controvertido, pues el Magistrado autor del voto entiende que la declaración en fase de sumario ya estaba destinada desde su origen a constituir material probatorio, y que cuando se practicó ésta se practicó con todas las garantías formalmente exigidas en la ley. Añadiendo que además la ley personal de la víctima, permite dar por reproducida la testifical, debe de respetarse dicho derecho aunque el enjuiciamiento de la causa se lleve en otro país.

Parece que aunque la declaración prestada en la fase sumarial del proceso, cumpla todas las garantías procesales, la jurisprudencia entiende que en base al principio de inmediación, que íntimamente va ligado al principio de acusación, obviándose su trascendentalidad para un proceso penal que cumpla con todas las garantías, debe de practicarse la prueba testifical en el juicio.

La cuestión jurídica controvertida en este caso, es si se cumplían o no las circunstancias del art. 730 LECr., precepto que permite tener por practicadas en el  juicio oral las diligencias practicadas en sumario, y que por causas ajenas a las partes no es posible volverlas a practicar en la vista.

Artículo 730

Podrán también leerse o reproducirse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral, y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección.

Parece que se desprende de la literalidad del precepto que las causas tienen que ser independientes a la voluntad de las víctimas, y que la interpretación de la jurisprudencia se ciñe a esta taxatividad de “causas independientes a la voluntad”. Creando pues un precedente del que el abogado no puede omitir, y deberá de tener en cuenta en un futuro próximo.

REDES SOCIALES | Los “pantallazos” como prueba en el proceso penal

3 juny

Close up of wooden gavel at the computer keyboardLa Sentencia Tribunal Supremo 19 de mayo de 2015 fija los criterios para aceptar como prueba los mensajes (pantallazos) en las redes sociales.

En primer lugar, debe ser abordado con las máximas cautelas por la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales, por cuanto:

  • El anonimato que autorizan las redes sociales y la libre creación de cuentas de una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo.
  • De impugnarse la autenticidad de la conversación cuando son aportados mediante archivos de impresión (pantallazos), desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria y, en tal caso, será indispensable la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad de su contenido.

Gavel on folderAsí lo expresa la indicada STS 19.mayo.2015 donde se analiza el caso en que se aportó un pantallazo de la red social Tuenti donde una menor, víctima de abusos sexuales, contó a un amigo que el novio de su madre “le tocaba las…” y que la decía que le enseñara su sujetador nuevo, que la había intentado subir la camiseta y que la tocaba, que la había tocado “sus partes”, afirmando que “la había tocado las de arriba” y que “la de abajo se la tocó dos veces o así”, que el día de las comuniones intentó subir su camiseta”. En este caso, no fue preciso la práctica de ninguna prueba pericial, toda vez:

  • La propia víctima, junto al escrito donde se aportaron los pantallazos, puso a disposición del Juez de instrucción su contraseña de Tuenti, su dirección con el fin de que, si esa conversación llegara a ser cuestionada, pudiera asegurarse su autenticidad mediante el correspondiente informe pericial o se oficiara a “Tuenti España” para que se certificara el contenido de esa conversación, sin que la defensa hubiera efectuado petición alguna al respecto.
  • El interlocutor (amigo) con el que se relacionaba la menor fue propuesto como testigo acudiendo al acto de juicio donde pudo ser interrogado por las acusaciones y la defensa acerca del contexto y los términos en que ambos mantuvieron aquel diálogo y en este sentido la sentencia de instancia indica que “efectivamente mantuvieron esa conversación y en esos términos, sin que ninguno de los dos hiciera referencia a que se hubiera producido ninguna manipulación en la impresión de dicha conversación”.
  • El pantallazo no sólo fue aportado por la víctima sino también fotografías del teléfono móvil de la menor que adjuntó la Guardia Civil a la causa quien, en presencia de la menor, accedió a su cuenta de Tuenti a través de un ordenador y también a través de la aplicación de Tuenti para teléfonos móviles, haciendo los agentes fotografías de las pantallas correspondientes a la conversación, que coinciden exactamente con las hojas impresas que fueron aportadas por la víctima.

El delito de conducción temeraria

28 maig
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Para que concurra el delito de conducción temeraria requiere (art. 380 Código Penal) que se haya generado un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas en los términos exigidos en su apartado primero: “pusiere en concreto peligro la vida o integridad de las personas”.

El apartado segundo del art. 380 CP dispone expresamente que se reputará manifiestamente temeraria la conducción en las que concurrieren las circunstancias previstas en el 379.1 CP y el inciso segundo del art. 379.2 CP, esto es:

  • Cuando se realice a velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana, a la permitida reglamentariamente.
  • Cuando se realice previa ingesta de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

De todo ello, para que concurra el delito de conducción temeraria del art. 380 CP exige:

  • La conducción de un vehículo durante un cierto espacio de tiempo.
  • La conducción se realice con temeridad manifiesta, esto es con la vulneración de las más elementales normas objetivas de cuidado, susceptibles de reproche penal:
    • Bien desde un punto de vista cualitativo derivado de la forma del ilícito actuar del conductor o,
    • Bien cuantitativo, por la intensidad de la acción u omisión.
  • Que la conducción realizada en tales circunstancias ponga en concreto peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, peligro concreto cuya existencia debe quedar acreditada.

LawyerLa Sentencia Audiencia Provincial Tarragona 4 de diciembre de 2014 sostiene que “cruzar la rotonda en sentido contrario al habitual y cruzar por el paseo sin respetar las señales de ceda el paso ni de stop poniendo en peligro su propia seguridad y la del resto de usuarios de la vía” no constituye un delito de conducción temeraria por cuanto el riesgo abstracto que se describe en el relato de hechos probados no permite subsumir la acción en el tipo penal previsto en el art. 380 del CP, por cuanto de la prueba practicada en el acto de juicio oral:

  • No ha permitido estimar acreditado que la acción desplegada por el acusado hubiese generado un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas.
  • Únicamente se ha probado que la conducción antirreglamentaria que ejecutó el acusado consistente en circular en sentido contrario al de la marcha, cruzar una rotonda en sentido contrario al habitual o no respetar las señales de Ceda el Paso o de Stop que afectaban a una de las vías por las que transitó, es susceptible en abstracto de generar un riesgo para los demás usuarios de la vía.
  • En ningún caso se ha probado que tal riesgo o peligro se llegara a concretar en la medida en la que ni se ha probado que hubiera otros usuarios de las vías por las que circuló el acusado en la forma antirreglamentaria descrita, de tal modo que su acción provocara un riesgo concreto para su vida o integridad física.
  • También se apreció la misma orfandad probatoria respecto de las otras circunstancias a las que el tipo penal anuda la calificación de la conducción como temeraria por cuanto no consta acreditado que el acusado circulara a velocidad superior a la prevista en el artículo 379 del CP, ni que hubiera realizado tal conducción previa ingesta de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

La agravante de reincidencia

28 maig

Mallet of justice!En un anterior post “La agravante de reincidencia, elementos que han de constar en la sentencia” de nuestro blog de atresadvocats ya nos hicimos eco que, en los Hechos Probados, han de constar determinados elementos fácticos de las sentencias anteriores para que concurra la agravante de reincidencia: (i) Fecha de la sentencia y de su firmeza (ii) Pena impuesta (iii) Cumplimiento de la misma (iv) Posible remisión condicional (v) Delito por el que fue condenado y en definitiva (vi) Todos los datos que permitan con certeza verificar que el antecedente está en vigor y no es cancelable (art. 136-2º Código Penal), como recordaba la Sentencia Tribunal Supremo 4 de diciembre de 2013.

La Sentencia de la Audiencia Provincial Tarragona 30 de diciembre de 2014 vuelve a recordar dichos elementos para que concurra la agravante de reincidencia:

  • La carga de la prueba de las circunstancias modificativas de la responsabilidad compete a la parte que las alega, y deben quedar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo (SSTS 23.10.93, 23.11.93 y 7.3.94).
  • Para justificar la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia es imprescindible que conste en el factum la fecha de la firmeza de las sentencias condenatorias, el delito por el que se dictó la condena, la pena o penas impuestas y la fecha en la que el penado las dejó efectivamente extinguidas. Este último dato solamente será innecesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual (SSTS 12.3.98 y 16.5.98).
  • En los casos en los que figure una condena por sentencia que por su fecha de firmeza posibilite el transcurso de los plazos de rehabilitación de los antecedentes penales, la acusación debe preocuparse de aportar a la causa certificado de la extinción de la pena, en virtud de la carga probatoria que le compete, pues las circunstancias correspondientes a la falta de cancelación de los antecedentes penales condicionan la aplicación de la agravante y su falta de acreditación debe ser resuelta a favor del reo (SSTS. 3.10.96 y 2.4.98).
  • Si no constan en los autos los datos necesarios se impone practicar un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo, pues bien pudo extinguirse la condena impuesta por circunstancias tales como abono de prisión preventiva, redención, indulto, expediente de refundición (SSTS 11.7 y 19.9.95, 22.10, 22.11 y 16.12.96, 15 y 17.2.97), expresando la STC 80/92 de 26.5, que la resolución estimatoria de la agravante de reincidencia sin que consten en la causa los requisitos para obtener la rehabilitación y cancelación lesiona el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva.
  • Por consiguiente, a falta de constancia de la fecha de extinción en el factum de la sentencia, que es la del día inicial para el computo del plazo de rehabilitación (art. 136 CP ) el cómputo de este plazo deberá verificarse desde la firmeza de la propia sentencia (SSTS. 22.9.93, 27.1.95, 9.5.96, 21.2.2000, 16.3.2000, 20.9.2001, 21.11.2002, 11.2.2003, 7.10.2003) al poder haberse abonado al reo la prisión preventiva sufrida en la causa que dio lugar a la sentencia o excesos sufridos en otras o incluso concedido un indulto. Si bien estas posibilidades son poco probables, no por eso permiten una presunción en contra del reo, que vulneraría la presunción de inocencia.

Golden scales of justice, gavel and books isolated on whiteLa Audiencia Provincial de Tarragona revoca la Sentencia del Juzgado de lo Penal en el extremo relativo a que no resulta procedente la aplicación de la agravante de reincidencia atendiendo a la descripción de los hechos declarados probados donde tan solo describe que el acusado fue condenado por sentencia firme de fecha 13.diciembre.2011 como autor de un delito de quebrantamiento; en sentencia firme de fecha 3.octubre.2011 por un delito de amenazas y en fecha 12.junio.2013, también sentencia firme, por un delito de amenazas. No se especifican ni las penas impuestas al mismo ni la fecha en la que el penado dejó efectivamente extinguidas las penas impuestas, resultando posible el transcurso de los plazos de rehabilitación desde la firmeza de la sentencia, lo que determina, en definitiva, la imposibilidad de apreciar la circunstancia agravante de reincidencia (art. 22.8 CP) y la existencia de la citada condena que se describe en los hechos probados supondrá, a lo máximo, un elemento a tener en cuenta a la hora de individualizar la pena, en los términos que establece el art. 66 CP.

“Les principals novetats de la part general” de la Llei Orgànica 1/2015, de 31 de març, del Codi Penal

27 maig

2015-05-23 04.23.19En aquest post us deixo el guió que vaig utilitzar quan vaig intervenir com a ponent  el passat dia 22 de maig de 2015, al “Cicle de conferències sobre la reforma del Codi Penal 2015” organitzat per la Plataforma Cívica d’advocats del Camp de Tarragona @plataforma_adv a la seu de @CambraTarragona

Presidit pel president de la @plataforma_adv @David_Penya, vaig compartir taula amb l’advocat de Reus Ángel Camacho i la Fiscal de València Susana Gisbert @gisb_sus

LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA PART GENERAL de la Llei Orgànica 1/2015, de 31 de març, que modifica la LO 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

 I.- FALTES / DELICTES LLEUS

  • Es deroga el Llibre III del CP (Faltes), d’acord amb la Disposició derogatòria única.
  • Les faltes que passen a ser delictes lleu, la pena s’aplicarà sense subjecció a l’art. 66 CP, d’acord amb la nova redacció de l’art. 66.2 CP “En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o tribunales aplicaran las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las regles prescritas en el apartado anterior”.
  • Els delictes lleus (abans faltes) prescriuran a l’any (art. 131.1 CP).
  • Als efectes de l’agreujant de reincidència, no es podran computar els antecedents penals que correspongui als delictes lleus (art. 22.8 CP).
  • L’existència d’antecedents penals per la comissió de delictes lleus, el jutge no els tindrà en compte per acordar la suspensió de condemnes posteriors (art. 80.2 CP).
  • La cancel·lació d’antecedents penals per penes lleus ho serà un cop transcorregut sis mesos des de l’extinció de la responsabilitat penal sense haver delinquit (art. 136 CP).
  • La pena per delictes lleus serà la de multa i en cas d’impagament es manté la responsabilitat penal subsidiària però l’art. 53.1 CP permet que per delictes lleus (a l’igual que era a les faltes) es pugui complir mitjançant la localització permanent.
  • Els delictes lleus es tramitaran d’acord amb el procediment del Llibre VI de la LECr (abans Judici de Faltes) que s’adequa a la nova categoria delictiva, mantenint els jutjats d’instrucció i els VIDO la competència pel coneixament i decisió d’aquests delictes.
  • D’acord amb la Disposició Transitòria Segona, no es revisaran les sentències que, ja sigui amb l’anterior redacció o l’actual, correspongui exclusivament pena de multa.
  • D’acord amb els arts. 962.1 i 963.1 LECr., quan el jutge tingui coneixament d’un delicte lleu de lesions o maltractament d’obra, de furt, d’amenaces, de coaccions o d’injúries (és a dir, delictes lleus) podrà acordar l’arxiu del procediment si ho demana el Ministeri Fiscal valorant:
    • La molt escassa gravetat del delicte lleu tenint en compte la naturalesa del fet, les seves circumstàncies i les personals de l’autor.
    • No hagi un interès públic rellevant en la persecució dels fets (en els delictes lleus patrimonials, s’entendrà quan s’hagi procedit a la reparació del danys i no hagi denuncia del perjudicat).
  • Dret transitori dels Judicis de Faltes (DT 4ª)
    • Les faltes tramitades abans de l’entrada en vigor de la llei, per fets que ara es tipifiquin com a delictes lleus, es continuarà tramitant pel procediment previst pel judici de faltes en el Llibre VI LECr.
    • Les faltes tramitades abans de l’entrada en vigor de la llei, per fets que ara resultin despenalitzades o sotmeses al règim de denuncia prèvia i que comportin una possible responsabilitat civil, es continuaran tramitant llevat que el perjudicat manifesti que no vol exercir les accions civils i en aquest cas s’arxivarà.
      • Si continua la tramitació, la sentència es limitarà al pronunciament sobre responsabilitat civil i costes.

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  • 617.1 Falta lesiones = delicte lleu de lesions (arts. 147.2). Es requereix denuncia de la persona agreujada (art. 147.4)
    • Desapareix la distinció entre delictes i faltes de lesions en funció de si requereixen o no tractament mèdic-quirúrgic i d’aquesta manera les lesions de menor gravetat es tipifiquen com un subtipus atenuat en l’art. 147 CP, castigat amb pena de multa d’1 a 3 mesos.
  • 617.2 “El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión” = delicte lleu de maltractament d’obra (art. 147.3). Es requereix denuncia de la persona agreujada (art. 147.4) i es castigat amb pena de multa d’1 a 2 mesos.
  • 618.1 i 619 Falta de “abandono a un menor desamparado o un incapaz” i “denegación de asistencia a persones desvalidas”. En els supòsits greus es castigarà com un delicte greu d’omissió del deure de socorre (art. 195).
  • 618.2 i 622 Falta d’incompliment dels deures familiar = jurisdicció civil (art. 776 LEC) o art. 226 i ss CP (abandonament de família).
  • 620.1 “de modo leve amenacen a otro con armes u otros instrumentos peligrosos”. Res diu i poden tenir cabuda dintre del delicte d’amenaces de l’art. 171 CP.
  • 620.2 Falta de amenaces = delicte lleu de amenaces (art. 171.7). Denuncia llevat 173.2 i 84.2. Pena de multa d’1 a 3 mesos.
  • 620.2 Falta de coaccions = delicte lleu de coaccions (art. 172.3). Denuncia llevat 173.2 i 84.2. Pena de multa d’1 a 3 mesos.
  • 620.2 Falta d’injúries lleus i vexacions injustes = via civil
  • 620.2 Falta d’injúries o vexacions (víctimes 173.2) = delicte lleu (art. 173.4). Denuncia
  • 621.2 i 3 (faltes de trànsit) Falta d’homicidi i lesions per imprudència lleu = jurisdicció civil.
  • 623.1 Falta de furt = delicte lleu de furt (art. 234.2 i 3)
  • 623.3 Falta de furt d’us de vehicles a motor = delicte menys greu (art. 244.1).
  • 624.2 Falta d’estafa = delicte lleu d’estafa (art. 249)
  • 625.1 Falta danys = delicte lleu de danys (art. 263.1 paràgraf 2n)
  • 633 Falta d’alteració lleu de l’ordre públic = via administrativa
  • 634 Falta lleu de respecte a l’autoritat = via administrativa
  • 636 Falta d’activitats sense assegurança obligatòria = via administrativa.

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II.- CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES (AGREUJANTS)

  • S’inclou a la circumstància 4ª de l’art. 22 CP, l’agreujant per “raons de gènere”.
  • S’inclou a la circumstància 8ª de l’art. 22 CP, la reincidència internacional “Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español” i s’exclou la reincidència per “delictes lleus”.

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III.- ANTECEDENTS PENALS (REINCIDÈNCIA) || CANCEL·LACIÓ ANTECEDENTS PENALS

  • S’equiparen els antecedents penals espanyols a les condemnes imposades per tribunals d’altres Estats membres de la Unió Europea, d’acord amb:
    • La Decisió Marc 2008/675/JAI (intercanvi d’informació dels registres d’antecedents penals entre els Estats membres) i,
    • La Decisió 2009/316/JAI del Consell de 6 d’abril de 2009, que estableixi el Sistema Europeu d’Informació d’Antecedents Penals.
  • Es modifica l’art. 136 CP per facilitar el procediment de cancel·lació dels antecedents penals (evitant que un cop han passat els terminis, constin vigents en el Registre Central de Penats condemnes que haurien d’estar cancel·lades) i a tal efecte:
    • Es suprimeix l’exigència del informe del jutge sentenciador.
    • Es suprimeix el requisit de la constància del pagament de la responsabilitat civil o la insolvència del penat.
  • Terminis per la cancel·lació d’antecedents penals (art. 136 CP) “cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos”:
    • 6 mesos per les penes lleus, a l’igual que ara.
    • 2 anys per les penes que no excedeixin de 12 mesos i les imposades per delictes imprudents, a l’igual que ara.
    • 3 anys per les altres penes menys greus inferiors a 3 anys.
    • 5 anys per les altres penes menys greus igual o superior a 3 anys, enlloc dels 3 anys actuals.
    • 10 anys per les penes greus, enlloc dels 5 anys actuals.
  • Cal destacar, l’apartat 3r. de l’art. 136 CP on es regula expressament la cancel·lació de les penes imposades a les persones jurídiques que han resultat penalment responsables i de les conseqüències accessòries imposades de l’art. 129 CP (entre altres, la clausura temporal del local, suspensió temporal de les activitats…) i que es cancel·laran d’acord amb el termini que correspongui d’acord amb l’art. 136.1 CP llevat s’hagués acordat la dissolució o prohibició definitiva de les activitats i en aquests casos es cancel·laran les anotacions al cap de 50 anys.

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IV.- PRESCRIPCIÓ DELS DELICTES LLEUS

El termini de prescripció dels delictes lleus (faltes) s’estableix en un any (art. 131.1 CP) a l’igual a les injuries i calumnies.

V.- IDENTIFICADORS D’ADN I INSCRIPCIO EN LA BASE DE DADES POLICIALS

  • S’afegeix l’art. 129 bis CP, d’acord amb les previsions del Conveni del Consell d’Europa per a la protecció dels nens contra l’explotació i l’abús sexual i la jurisprudència del TEDH que explicita que s’ha d’incloure els perfils dels condemnats a la base de dades d’ADN.
  • Avui en dia només està inscrit a Espanya els perfils genètics de sospitosos, detinguts o imputats per determinats delictes però això no garanteix que accedeixin a la base de dades, els perfils d’aquelles persones que resultin condemnats per delictes especialment greus.
  • El catàleg de delictes està recollit a l’art. 129 bis CP “delictes greus contra la vida, integritat de les persones, la llibertat, la llibertat sexual, de terrorisme o qualsevol altre delicte greu que comporti un risc greu per la vida de les persones…” i a més a més per poder obtenir el perfil genètic s’haurà de concloure que existeix un perill rellevant de reiteració delictiva en base a les circumstàncies del fet, antecedents i valoració de la personalitat.
    • En aquests casos, el tribunal podrà acordar la presa de mostres biològiques i la realització d’anàlisis per l’obtenció dels identificadors d’ADN i inscripció en la base de dades policials.
    • Sí l’afectat s’oposés a la recollida de mostres, podrà imposar-se l’execució forçosa mitjançant el recurs a les mesures coactives mínimes indispensables per a la seva execució.

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VI.- LA LLIBERTAT CONDICIONAL

La nova regulació manté els mateixos supòsits de concessió de la llibertat condicional, si bé introdueix modificacions rellevants.

  • La nova redacció de l’art. 90.1 CP és molt similar a l’actual amb millora de la tècnica legislativa on el jutge de vigilància penitenciària acordarà la suspensió de l’execució de la resta de la pena de presó i atorgarà la llibertat condicional quan es complexin els següents requisits:
    • Que es trobi classificat en tercer grau.
    • Que hagi extingit les ¾ de la pena.
    • Que hagi observat bona conducta.

Per resoldre sobre la suspensió de l’execució de la resta de la pena i la concessió de la llibertat provisional, el jutge de vigilància penitenciària valorarà:

  1. La personalitat del penat.
  2. Els seus antecedents.
  3. Les circumstàncies del delicte comés.
  4. La rellevància dels béns jurídics que es puguin veure afectats per una reiteració en el delicte.
  5. La seva conducta durant el compliment de la pena.
  6. Les circumstàncies familiars i socials.
  7. Els efectes que cal esperar de la pròpia suspensió de l’execució i,
  8. El compliment de les mesures que s’imposin.

No s’acordarà la suspensió, si el penat no hagués satisfet la responsabilitat civil derivada del delictes en el supòsits i d’acord amb els criteris dels apartats 5 i 6 de l’art. 72 de la Llei General Penitenciària:

  1. Delictes contra el patrimoni.
  2. Delictes contra els drets dels treballadors.
  3. Delictes contra la Hisenda Pública i contra la Seguretat Social.
  4. Delictes contra l’Administració Pública.
  5. Delictes de terrorisme.
  • La primera modificació rellevant és la que preveu l’art. 90.3 CP on es regula un nou supòsit privilegiat d’accés a la llibertat condicional pels penats, avançant la possibilitat d’obtenir la llibertat condicional al compliment de la mitat de la condemna, davant les 2/3 d’avui en dia, quan concorrin els següents supòsits:
    • Que el penat compleixi la seva primera condemna a la presó.
    • Que hagi estat condemnat a una pena curta de presó (fins a tres anys de presó).
    • Compliment dels requisits de l’apartat 1 de l’art. 90 (llevat haver extingit ¾ de la condemna).

Aquest règim no serà d’aplicació als penats per la comissió d’un delicte contra la llibertat sexual.

  • L’art. 90.2 CP estableix que també es podrà acordar la suspensió de l’execució de la resta de pena i atorgar la llibertat condicional als penats que compleixin els següents requisits:
    • Que el penat hagi extingit 2/3 parts de la condemna.
    • Que durant el compliment de la pena hagi desenvolupat activitats laborals, culturals u ocupacionals, bé de forma continuada o bé amb aprofitament.
    • Que acrediti el compliment dels requisits de l’apartat 1 de l’art. 90 CP (llevat haver extingit ¾ parts de la condemna).

A proposta d’Institucions Penitenciàries i previ informi del Ministeri Fiscal i de les parts:

  • Un cop s’han complert les circumstàncies de les lletres a) (3r. grau) i c) (bona conducta) de l’art. 90.1 CP.
  • El jutge de vigilància penitenciària podrà avançar, un cop extingida la mitat de la condemna, la concessió de la llibertat condicional en relació al termini establert a l’art. 90.1 CP (3/4):
    • Fins un màxim de 90 dies per cada any transcorregut de compliment efectiu de la condemna.
    • Aquesta mesura requerirà que el penat hagi desenvolupat continuadament les activitats esmentades a la lletra b) de l’art. 90.2 CP (hagi desenvolupat activitats laborals, culturals u ocupacionals),i
    • Acrediti la participació activa i favorable en programes de reparació a les víctimes o programes de tractament o desintoxicació si fos el cas.
  • L’art. 91.1 CP estableix que els penats que hagin complert els 70 anys o la compleixin durant l’extinció de la condemna i reuneixin els requisits establerts a l’art. 90 (llevat d’haver extingit la ¾, les 2/3 parts o, en el seu cas, la mitat de la condemna) podran obtenir la suspensió de l’execució de la resta de la pena i la concessió de la llibertat provisional.

Aquest mateix criteri s’aplicarà quan es tracti de malalts molt greus amb malalties incurables i quedi degudament acreditat amb informes mèdics.

  • A l’art. 92 CP, s’introdueix la regulació del règim de revisió de la presó permanent revisable com un supòsit de llibertat condicional o de suspensió de l’execució de la pena.

El Tribunal acordarà la suspensió de l’execució de la pena de presó permanent revisable quan es compleixin els següents requisits:

a) Que el penat hagi complert 25 anys de la seva condemna, sense perjudici d’allò que disposa l’art. 78 bis que regula la progressió a tercer grau quan hagi estat condemnat per dos o més delictes i un d’ells estigui castigat amb pena de presó permanent revisable.

b) Que es trobi classificat en 3r. grau.

c) Que el Tribunal tenint en compte la personalitat del penat, els seus antecedents, les circumstàncies del delicte, la rellevància dels béns jurídics que podrien veure’s afectats per una reiteració en el delicte, la seva conducta durant el compliment de la pena… prèvia valoració dels informes d’evolució emesos pel centre penitenciari i aquells especialistes que el tribunal determini, l’existència d’un pronòstic favorable de reinserció social.

El Tribunal resoldrà sobre la suspensió de la pena de presó permanent revisable després d’un procediment oral contradictori amb intervenció del Ministeri Fiscal, el penat i el seu advocat.

La suspensió de l’execució tindrà una duració de 5 a 10 anys.

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VII.- LA PRESÓ PERMANENT REVISABLE

Cal recordar que l’art. 15 CE prohibeix la imposició de penes inhumanes i degradants i l’art. 25 estableix que les penes privatives de llibertat estan orientades cap la reeducació i reinserció social i caldria preguntar-nos si amb la introducció de la presó permanent revisable, s’està vulnerant la possibilitat de reinserció i reeducació.

El Preàmbul de la LO 1/2015 ho justifica dient que la presó permanent revisable, en cap moment es renuncia a la reinserció del penat: un cop complerta una part mínima de la condemna, un tribunal col·legial haurà de valorar novament les circumstàncies del penat i del delicte comés i podrà revisar la seva situació personal. La previsió d’aquesta revisió judicial allunya qualsevol dubte d’inhumanitat d’aquesta pena al garantir un horitzó de llibertat pel condemnat.

La finalitat de la presó permanent revisable es enfortir la confiança amb l’Administració de Justícia resulta precís un sistema que garanteixi resolucions judicials previsibles que siguin rebudes en la societat com a justes.

Seguint el model d’altres països europeus, s’introdueix la presó permanent revisable i que el TEDH ha considerat ajustat a la Convenció Europea de Drets Humans, doncs ha declarat que quan la llei nacional ofereix la possibilitat de revisió de la condemna de duració indeterminada amb possibilitat de la seva commutació, remissió, finalització o llibertat condicional del penat, és suficient per donar satisfacció a l’art. 3 del Conveni (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido).

La pena de presó permanent revisable només podrà ser imposada en supòsits d’excepcional gravetat:

  • Assassinats especialment greus (art. 140 CP): assassinats de menors de 16 anys o de persones especialment vulnerables; assassinats subsegüents a un delicte contra la llibertat sexual; assassinats comesos en el sí d’una organització criminal; i assassinats reiterats (més de dos persones).
  • Homicidi al Cap de l’Estat o del seu hereu (art. 485 CP).
  • Homicidi de Caps d’Estats estrangers o d’una persona internacionalment protegida per un Tractat signat per Espanya i que es trobi al nostre territori (art. 605 CP) i,
  • En els supòsits més greus de genocidi o de crims contra la humanitat (art. 607 i 607 bis CP).

És una pena de presó de durada indeterminada (presó permanent) subjecte a un règim de revisió:

  • Després del compliment íntegre d’una part important de la condemna (la durada depèn de la quantitat de delictes comesos i la seva naturalesa) i,
  • Un cop acreditada la reinserció del penat.

Est pot obtenir una llibertat condicionada al compliment de certes exigències de l’art. 92 CP (en especial, no cometre nous fets delictius).

D’acord amb l’art. 36 CP, la classificació en 3r. grau haurà de ser autoritzada pel Tribunal previ pronòstic favorable de reinserció social i un cop escoltat el Ministeri Fiscal i institucions penitenciàries. No obstant això, no podrà ser classificat en 3r. grau fins que no hagués complert un mínim de pena:

  • 20 anys en supòsits de terrorisme, i
  • 15 anys en la resta de casos.
  • Tampoc podran gaudir de permís penitenciari si no hagués complert un mínim de pena: 12 anys en el primer cas i 8 anys en el segon cas.

Aquesta regla general té una excepció important en supòsits que concorrin motius humanitaris o de dignitat personal dels penats malalts molt greus amb malalties incurables i de les persones de 70 anys, on el jutge haurà de valorar la seva escassa perillositat (art. 36.3 CP).

Aquest nou tipus de pena ha suposat la modificació d’alguns preceptes penals per donar resposta a les regles especials d’aplicació de les penes:

  • Quina seria la pena inferior en grau a la de presó permanent revisable? L’art. 70.4 CP diu que seria la pena de presó de 20 a 30 anys.
  • Quan el subjecte hagi estat condemnat per 2 o més delictes i un d’ells fos castigat amb pena de presó permanent revisable, s’haurà d’aplicar per la revisió allò que disposa l’art. 92 i per la progressió a 3r. grau el que disposa l’art. 78 bis CP on es requereix un mínim de compliment:
    • Mínim de 18 anys de presó, quan el penat ho fos per diferents delictes, un d’ells castigat amb pena de presó permanent revisable i la resta de les penes imposades sumin un total que excedeixi de 5 anys.
    • Mínim de 20 anys de presó, quan el penat ho fos per diferents delictes, un d’ells castigat amb pena de presó permanent revisable i la resta de les penes imposades sumin un total que excedeixi de 15 anys.

En aquests dos casos, el límit mínim de compliment serà de 24 anys de presó, quan es tracti de delictes comesos per organització o grups terroristes o en el sí d’organitzacions criminals.

  • Mínim de 22 anys de presó, quan el penat ho fos per diferents delictes i dos d’ells castigat amb pena de presó permanent revisable i la resta de les penes imposades sumin un total que excedeixi de 25 anys o més.

El límit mínim de compliment serà de 35 anys de presó, quan es tracti de delictes comesos per organització o grups terroristes o en el sí d’organitzacions criminals.

Aquesta revisió es podrà realitzar a petició del penat un cop a l’any o d’ofici pel tribunal col·legial, com a mínim cada dos anys.

En la presó permanent revisable, complerta aquesta mínima primera part de la condemna, si el tribunal considera que no concorren els requisits necessaris perquè el penat pugui recuperar la llibertat, es fixarà un termini per una nova revisió de la seva situació; i, si pel contrari, el tribunal valora que compleix els requisits necessaris per quedar en llibertat, s’establirà un termini de llibertat condicional on s’imposaran condicions i mesures de control orientades tant a garantir la seguretat de la societat com assistir al penat en aquesta fase final de la seva reinserció social.

2015-05-24 18.39.00

VIII.- EL DECOMIS (arts. 127 a 127 octies CP)

Es posa fi al doble règim del decomís que existeix avui en dia (segons es tractes de delictes contra la salut pública o d’altres de diferents naturalesa).

S’introdueixen bastantes modificacions en la regulació del decomís facilitant instruments legals que siguin més eficaços en recuperació dels actius procedents del delicte i en la seva gestió econòmica.

  • Decomís sense sentència

El decomís sense sentència ja es troba regulat a l’art. 127.4 CP però s’ha aprofitat la reforma per introduir algunes millores tècniques i introduint algunes normes processals per fer possible la seva aplicació.

Tradicionalment el decomís del producte del delicte ha estat vinculat a l’existència d’una condemna prèvia i resulta obvi que el decomís sense condemna era contrari al principi de presumpció d’innocència.

D’acord amb la doctrina del TEDH, el decomís sense condemna no té una naturalesa pròpiament penal, atès que no té com a fonament la imposició d’una sanció sinó que es més comparable a la restitució de l’enriquiment injust que a una multa imposada sota la llei penal.

Es troba regulat en l’art. 127 ter CP i es podrà acordar malgrat no hagi sentència, quan la situació patrimonial il·lícita quedi acreditada en un procés contradictori i es tracti d’algun dels següents supòsits:

  1. Que el subjecte hagi mort o sofreixi una malaltia crònica que impedeixi el seu enjudiciament amb el risc de què pugui prescriure els fets.
  2. Es trobi en rebel·lia i això impedeixi que els fets es puguin enjudiciar dintre d’un termini raonable.
  3. No s’imposi pena per estar exempt de responsabilitat criminal o aquesta s’ha extingit.

El decomís només es podrà adreçar contra aquells qui hagi estat formalment acusat o contra l’imputat que hagin indicis racionals de criminalitat

  • Decomís ampliat

Es caracteritza perquè els bens decomissats tenen el seu origen d’altres activitats il·lícites del condemnat diferents als fets pel que se’l condemna i no ha estat objecte d’una prova plena.

El decomís ampliat no és una sanció penal, sinó es tracta d’una institució que posa fi a la situació patrimonial il·lícita que ha donat lloc a l’activitat delictiva. El seu fonament és més aviat civil i patrimonial propera a la figura com l’enriquiment injust.

Aquesta figura ja va ser introduïda per la LO 5/2010 pels delictes de terrorisme i comesos per grups u organitzacions criminals i ara s’estén a altres supòsits on es freqüent que es produeixin activitats delictives en el temps que donen lloc a importants beneficis econòmics.

Es troba regulat en l’art. 127 bis CP i s’ha de complir els següents requisits:

  • Que hagi estat condemnat per algun dels delictes de l’art. 127 bis.1 CP (blanqueig, prostitució, falsificació de moneda, insolvències punibles, delictes contra la hisenda pública, tràfic de drogues…).
  • Que hagin indicis objectius fonamentats i amb la finalitat de facilitar l’aplicació d’aquesta figura, s’inclou un catàleg d’indicis que, entre d’altres possibles, hauran de ser valorats pels jutges per resoldre sobre el decomís:
    • La desproporció entre el patrimoni del condemnat d’algun dels delictes catalogats i els seus mitjans de vida lícits.
    • L’ocultació intencionada del seu patrimoni mitjançant la utilització de persones físiques o jurídiques o mitjançant el recurs a paradisos fiscals.
    • Operacions que dificulten la seva localització o seguiment i no hagi justificació econòmica
  • Decomís de béns per substitució o de tercers

Molt sovint els béns procedents d’activitats delictives son transmesos a terceres persones i si bé aquesta figura ja es trobava regulada, ara s’introdueixen millores tècniques per augmentar l’eficàcia i la seguretat jurídica en la seva aplicació.

Es recull expressament que en aquells supòsits que el decomís no sigui possible en tot o en part (no poden ser localitzats, es troben fora de l’abast dels tribunals, han estat destruïts, ha disminuït el valor…), el jutge podrà, mitjançant l’estimació i valoració de l’activitat desenvolupada, determinar una quantitat per autoritzar el decomís. Per millorar la gestió dels actius intervinguts, es crea una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos que realitzarà les actuacions necessàries per gestionar de la manera mes econòmica la conservació, realització o utilització dels bens intervinguts.

La declaración incriminatoria del acusado en la policía, no ratificada judicialmente, carece de eficacia probatoria

14 març

Arrested man handcuffed hands at the backLa declaración incriminatoria prestada por el acusado en dependencias policiales carece de toda eficacia probatoria pues, en primer lugar, no ha sido ratificada en sede judicial en la fase de instrucción (se negó a declarar) y tampoco en la vista oral negando la autoría de los hechos, al mismo tiempo que explicaba su autoincriminación ante la policía debido a que ésta le forzó a ello.

Así de tajante lo declara la sentencia Tribunal Supremo 9 de diciembre de 2014, resultando irrelevante la declaración, en el acto de juicio, de los funcionarios policiales que intervinieron en la declaración policial del imputado, por cuanto la declaración policial no puede ser objeto de debate en la vista oral del juicio por ninguna de las vías que prevé la LECr.

Razona el Tribunal Supremo que la implicación de la policía en la investigación y el afán lógicamente inquisitivo con que opera en el ámbito extraprocesal ubica la labor policial lejos de los parámetros propios de la imparcialidad y la objetividad que han de impregnar el auténtico proceso. Deben, por tanto, deslindarse de forma ostensible las diligencias que se practican en el marco de una dependencia policial y aquellas otras que tienen lugar en un juzgado de instrucción. Pues la dosis de constreñimiento y presión ambiental con que se realizan algunas diligencias en un recinto policial poco tienen que ver con las garantías con que se opera en el marco judicial propio del proceso penal. En este sentido, los profesionales que intervienen en el proceso son plenamente conscientes de los matices inquisitivos que albergan las diligencias policiales, ya sea por enfatizar los datos incriminatorios que afloran en la investigación en detrimento de los exculpatorios, ya por intervenir en algunos supuestos de forma activa en el resultado de la investigación a través de sugerencias y matizaciones que resultan incompatibles con las exigencias de objetividad e imparcialidad que requiere una diligencia que pretenda operar con eficacia probatoria en el juicio oral.

Golden scales of justice, gavel and books isolated on whiteLa STS 9 de diciembre de 2014 hace un repaso de la jurisprudencia constitucional de la declaración del imputado en dependencias policiales en la fase de instrucción:

  • El Tribunal Constitucional en la sentencia 68/2010, de 18 de octubre al examinar el valor probatorio de la declaración de un coimputado prestada en sede policial señala “la posibilidad de tomar en cuenta declaraciones prestadas extramuros del juicio oral no alcanza a las declaraciones prestadas en sede policial. Al respecto, ya en la STC 31/1981 afirmamos que dicha declaración, al formar parte del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala el art. 297 de la LECrim , por lo que, considerado en sí mismo, el atestado se erige en objeto de prueba y no en medio de prueba , con el resultado de que los hechos que en él se afirman por funcionarios, testigos o imputados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios (STC 217/1989, de 21 de diciembre; 303/1993, de 25 de octubre; 79/1994, de 14 de marzo; 22/2000, de 14 de febrero; 188/2002, de 14 de octubre)”.
  • En la STC 79/1994, manifiesta que ”tratándose de las declaraciones efectuadas ante la policía no hay excepción posible. Este Tribunal ha establecido muy claramente que “las manifestaciones que constan en el atestado no constituyen verdaderos actos de prueba susceptibles de ser apreciados por los órganos judiciales” (STC 217/1989). Por consiguiente, ”únicamente las declaraciones realizadas en el acto del juicio o ante el Juez de Instrucción como realización anticipada de la prueba y, consiguientemente, previa la instauración del contradictorio, pueden ser consideradas por los Tribunales penales como fundamento de la sentencia condenatoria”. La citada doctrina ha sido confirmada por las SSTC 51/1995, de 23 de febrero, y 206/2003, de 1 de diciembre. En tales resoluciones se afirmaba que ”a los efectos del derecho a la presunción de inocencia las declaraciones obrantes en los atestados policiales carecen de valor probatorio de cargo” (STC 51/1995 )”.
  • En la STC 68/2010 se enfatiza que “las declaraciones prestadas por un coimputado en las dependencias policiales no pueden ser consideradas exponentes ni de prueba anticipada ni de prueba preconstituida, y no sólo porque su reproducción en el juicio oral no se revela imposible o difícil… sino fundamentalmente porque no se efectúan en presencia de la autoridad judicial, único órgano que, por estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria (SSTC 51/1995, FJ 2; 206/2003, FJ 2 c)). Por otra parte, “tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los cauces establecidos por los arts. 714 y 730 LECrim, por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el periodo procesal que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas y hasta el Auto por el que se declara conclusa la instrucción, y no en la fase preprocesal” que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policía”.
  • La doctrina expuesta ha sido ratificada por la STC 53/2013, de 28 de febrero en la que se han reiterado los mismos criterios sobre las declaraciones prestadas en comisaría que después no han sido ratificadas en sede judicial. En la sentencia se argumentó incluso que no puede basarse en esa clase de diligencias una condena aunque sean sometidas a contradicción en el plenario y el imputado reconozca que sí las manifestó pero que lo hizo coaccionado por la policía. Y se volvió a insistir en que el atestado “se erige en objeto de prueba y no en medio de prueba”.

El propio Tribunal Supremo en SSTS 1117/2010, de 7 de diciembre, 546/2013, de 17 de junio y 715/2013, de 27 de septiembre indica que la declaración policial de un coimputado o de un testigo no ratificada después en la fase judicial de instrucción ni tampoco en la vista oral del juicio no puede operar como prueba de cargo, pues no cumplimenta los cuatro requisitos que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para poder valorar las diligencias sumariales en la sentencia como prueba incriminatoria.