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El derecho a la información en los procesos penales. Asistencia letrada al detenido.

10 nov.

El Diario Oficial de la Unión Europea del 1 de junio de 2012 publicó la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES que ha pasado prácticamente inadvertida a pesar que los Estados miembros deberán poner en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva a más tardar el 2 de junio de 2014.

La Directiva 2012/13/UE aspira a promover el derecho a la libertad, el derecho a un juicio justo y los derechos de defensa y se fundamenta en los derechos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular en sus artículos 6, 47 y 48, desarrollando lo dispuesto en los arts. 5 y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales a fin de dotar unas normas mínimas[1] relativas al derecho de las personas sospechosas o acusadas[2] de haber cometido una infracción penal a recibir información sobre sus derechos en los procesos penales y sobre las acusaciones formuladas contra ellas.

Como hasta ahora y antes del interrogatorio, la Policía y/o el Juez deben informar a todo detenido de los bien ya sabidos derechos del art. 520 LECr. (derecho a guardar silencio…, derecho a no declarar contra sí mismo…, derecho a designar abogado…). Como muy tardar el próximo día 2 de junio de 2014 y a tenor de la Directiva 2012/13/UE, la declaración de derechos, redactada en términos fácilmente inteligible, deberá contener como novedad:

A) “El derecho a ser informado de la acusación…” en los términos que viene redactado en el art. 6 (art. 3.1. c).

Toda persona sospechosa o acusada de haber cometido una infracción penal y antes de su interrogatorio debe recibir con prontitud:

–       Toda la información necesaria sobre la infracción penal.

–        La descripción de los hechos incluyendo, si se conocen, el lugar y la hora así como la posible tipificación jurídica

Todo ello con el grado de detalle suficiente para poder preparar su defensa permitiendo el ejercicio efectivo del derechos de defensa y salvaguardar la equidad del procedimiento.

Si durante el proceso penal, los detalles de la acusación cambian hasta el punto de afectar sustancialmente a la posición de la persona sospechosa o acusada, esta debe ser informada de ello cuando sea necesario para salvaguardar la equidad del proceso y en el momento oportuno para permitir el ejercicio efectivo del derecho de la defensa.

B) “El derecho de acceso a los materiales del expediente (art. 4.2 a).

Toda persona sospechosa o acusada, en cualquier fase del proceso penal, deberá serle entregado o a su abogado aquellos documentos y pruebas materiales (incluso, si procediere, fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo) que resulten fundamentales para impugnar de forma efectiva la legalidad de la detención o privación de libertad y para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa.

El acceso a las pruebas materiales del expediente se concederá con la debida antelación que permita el ejercicio efectivo del derecho de defensa y como máxime en el momento en que el atestado policial se presente ante el Juzgado.

El acceso a las pruebas materiales que obren en poder de las autoridades competentes puede ser denegado cuando dicho acceso pueda dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o, cuando la denegación del acceso es estrictamente necesaria para defender un interés público importante. La denegación de dicho acceso debe sopesarse con los derechos de defensa, teniendo en cuenta las distintas fases del proceso penal. Las limitaciones a dicho acceso deben interpretarse de forma estricta y conforme al principio del derecho a un juicio equitativo, con arreglo al CEDH y a la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

C) La información básica relativa a las posibilidades, con arreglo a la legislación nacional, de impugnación de la legalidad de la detención, obtención de una revisión de la misma, o solicitud de la libertad provisional” (art. 4.3).

Finalmente, el art. 8 de la Directiva 2012/13UE establece que toda persona sospechosa o acusada o su abogado debe tener derecho a impugnar, de conformidad con los procedimientos previstos en la legislación nacional, el hecho de que las autoridades competentes no le hayan proporcionado la información contemplada o determinados materiales del expediente con arreglo a la presente Directiva o bien se hayan negado a hacerlo.

La propia Directiva 2012/13/UE http://www.boe.es/doue/2012/142/L00001-00010.pdf incorpora en el Anexo I un modelo indicativo de la declaración de derechos  con la finalidad de ayudar a los Estados Miembros a elaborar su declaración de derechos nacional, siendo de destacar los apartados D) y E):

D. DERECHO A PERMANECER EN SILENCIOCuando le interrogue la policía u otras autoridades competentes, no está obligado a responder a preguntas sobre el supuesto delito. Su abogado puede ayudarle a decidir sobre esta cuestión.

E. ACCESO A LOS DOCUMENTOS

En el momento de la detención o privación de libertad, usted (o su abogado) tiene derecho a acceder a los documentos esenciales que necesita para impugnar la detención o privación de libertad. Si el caso llega a un tribunal, usted (o su abogado) tendrá derecho a acceder a las pruebas materiales favorables o desfavorables.


[1]Los Estados miembros pueden ampliar los derecho establecidos en la Directiva 2012/13 para proporcionar un mayor nivel de protección que nunca debe ser inferior al de las normas contempladas en el CEDH, tal como se interpretan en la jurisprudencia del TEDH.

[2]Entendiéndose por tales aquéllas que se ven privadas de su libertad en los términos del art. 5.1 c) del CEDH “Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido”

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