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El nuevo Código Penal castigará la difusión de imágenes o grabaciones sexuales cedidas por la víctima

25 oct.

El pasado día 11 de octubre, el Consejo de Ministros del Reino de España recibía un informe del Ministerio de Justicia sobre el Anteproyecto de reforma del Código Penal y acordaba remitir dicho documento para su dictamen a los organismos oficiales, paso previo a la elaboración del correspondiente proyecto de ley que deberán tramitar las Cortes Generales.

Como acostumbra a pregonarse, estamos ante un intento de adaptar el Derecho a la rápida evolución de la sociedad y de los nuevos usos sociales. La reforma anunciada introduce la tipificación de nuevas figuras ilícitas antes no contempladas, que penarán determinados actos que se han ido extendiendo los últimos años, a partir de los cambios de hábitos y costumbres experimentados en el país.

Destacan, en este sentido, la introducción del matrimonio forzado como delito agravado de coacciones, la creación de un nuevo tipo penal por actos de acoso no violento pero que coartan la libertad de la víctima mediante vigilancia o llamadas reiteradas, la consideración como delito de cualquier acto sexual con menores de trece años, la tipificación como abuso sexual de las relaciones con menores de dieciséis años mediante engaño o posición preminente respecto a la víctima, entre otras novedades tendentes a una mayor protección de la libertad y la indemnidad sexuales.

Llama especialmente la atención que el anteproyecto haya incorporado un nuevo tipo destinado a castigar la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que la misma lo sepa o afectando gravemente su intimidad. Se trata, sin duda, de atajar penalmente un fenómeno que ha ido “in crescendo” los últimos años, a raíz de la progresiva implantación y extensión de las denominadas redes sociales.

Si vamos a ejemplos concretos, estaríamos hablando de las escenas sexuales grabadas de forma consentida por antiguas parejas de la celebridad norteamericana Paris Hilton, ampliamente replicadas en Internet, o del vídeo de contenido sexual que la concejal toledana Olvido Hormigos remitió voluntariamente el pasado verano mediante la aplicación WhatsApp a un futbolista que, presuntamente, originó la rápida difusión de la grabación.

El Código Penal vigente hoy día en España sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima sin su consentimiento, pero no prevé el castigo penal explícito cuando es la misma víctima la que previamente ha facilitado el acceso a tales documentos a la persona que luego procede a su difusión.

Concretamente, el actual artículo 197 del Código Penal se limita a castigar las siguientes conductas:

“1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido y de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. (…)

4. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. (…)

6. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior. (…)”.

Como podemos observar, la actual tipificación se ciñe al apoderamiento no consentido de tales documentos íntimos, conducta que se agrava con la imposición de una pena de prisión superior cuando el infractor difunde posteriormente tales imágenes o grabaciones y cuando son de carácter sexual, habiendo considerado la jurisprudencia del Tribunal Supremo que este contenido requiere una especial protección al referirse al núcleo duro del derecho a la intimidad (STS 1219/2004, 110-12, F 8).

La reforma anunciada, caso de concretarse finalmente en la dirección expuesta, permitiría perseguir por la vía penal la difusión de imágenes de tenor sexual que antes se habrían cedido libremente, al existir una relación íntima o de confianza entre cedente y destinatario. De este modo, como sucedió en los casos reales citados, se podría castigar penalmente con mayor facilidad y apoyo legal la difusión del video, tras haber quebrado la relación o el vínculo personal entre víctima e infractor que motivó su cesión.

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