Tag Archives: divorcio

COACCIONES | Cambiar la cerradura de la vivienda

10 febr.

3d white people judgeEn numerosas ocasiones nos habremos encontrado que, en el seno de un tormentoso procedimiento de divorcio, alguna de las partes procede al cambio de la cerradura de la vivienda con la consiguiente denuncia penal por coacciones de aquél que no pueda acceder a la vivienda en que residía.

En el Partido Judicial que habitualmente trabaja ATRESADVOCATS, el de Tarragona, puede resultar hasta pacífica la jurisprudencia que ante estos supuestos no nos encontramos ante un ilícito penal de coacciones cuando resulte probado que la conflictividad civil en el que se desarrollan las relaciones posesorias pueda existir dudas razonables sobre el espacio de ejercicio de los respectivos derechos posesorios.

Así encontramos, la St. AP Tarragona 31 de julio de 2012 que confirmó la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal ante una declaración de hechos probados consistentes en que el acusado procedió a cambiar el candado que aseguraba el cierre de la entrada de la nave en la que radicaba la explotación agrícola en la que trabajaban ambos cónyuges, entendiendo que no concurre el delito de coacciones por el contexto conflictual en el que se desarrollan las relaciones posesorias y negociales, concurriendo una situación de incerteza sobre la realidad de una deuda entre los otros convivientes y partícipes del negocio.

Razona la sentencia “sobre la necesidad de una interpretación estricta de los contornos aplicativos del delito de coacciones, evitando la hipertrofia basada en una extensión indebida del concepto de violencia o intimidación que reclama el tipo… el tipo de coacciones lo que protege es la libertad personal frente a ataques graves, típicamente relevantes… No puede apreciarse coacción de la sola perturbación posesoria… No puede concebirse la coacción como un efecto limitativo de derechos patrimoniales, mediante actos de perturbación de la relación jurídica que no tenga como objeto directo al mismo sujeto titular de los mismos. La violencia, aún en su forma in rebus, debe ser percibida en términos sensoriales, como un ataque directo a la libertad de autodisposición del sujeto pasivo”.

En igual sentido, la St. AP Tarragona 14 de noviembre de 2011 donde se analiza sí concurre o no un delito de coacciones ante una declaración de hechos consistente en que la señora mantuvo una discusión con su pareja y marchó del domicilio que compartían volviendo 22 días después para recoger sus enseres personales, no pudiendo hacerlo al haber cambiado el acusado la cerradura y reactivado la alarma.

En esta sentencia se concluye que el cambio de la cerradura no puede subsumirse en el tipo de falta de coaccionesal entender que “conceder relevancia penal por considerar que se cambia una cerradura cuando la señora ya había abandonado de forma voluntaria la vivienda y, además, cuando se constata que se le hizo entrega de la llave cuando fue requerida” por una tercera persona introduce un altísimo riesgo de hipertrofiar la “delincuencia” por coacción y de superar el espacio de protección penal que viene estrictamente marcado por la tipicidad”.

En términos similares, la St. AP Tarragona 26 de septiembre de 2011 al estimar el recurso del acusado y absolverlo del delito de coacciones con ocasión de un supuesto relativo al cambio de la cerradura por el esposo de la puerta de acceso a una vivienda familiar que ocupaban los fines de semana sita en la Vall d’Arán indicándose que La libertad, como bien personalísimo, no puede confundirse con los derechos patrimoniales o posesorios de los que una persona es o puede ser titular, por lo que una lesión en el ejercicio de éstos no puede traducirse normativamente en un ataque a la libertad personal. La perspectiva desde la que se observe la ubicación del bien jurídico resulta esencial. Sólo el ataque directo por violencia en los términos descritos en el art. 172 CP (y su correlativa versión contravencional) puede ser penalmente relevante (…) El hoy recurrente no ejercició de manera directa ni indirecta un acto que en términos normativos pueda reputarse violencia, ni aun en la extensiva interpretación in rebus a la que llega el Tribunal Supremo, en una delicada operación ampliadora del contorno de prohibición”.

Anuncis

El impago de la pensión alimenticia. Hacia una interpretación que excluya la “prisión por deudas”.

19 oct.

La crisis económica que estamos inmersos ha provocado, en los últimos meses, se hayan disparado las denuncias penales por el impago de pensiones alimenticias tipificado en el art. 227.1 Código Penal “El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos cualquier tipo de prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio… será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”.

Las medidas (pensión alimenticia…) establecidas en un procedimiento de divorcio no quedan estáticas en el tiempo y tras la sentencia de divorcio puede ocurrir que el progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia vea reducido drásticamente sus ingresos por encontrarse en una situación de paro y si la situación de desempleo es duradera llegar, inclusive, a no percibir ningún tipo de prestación económica y/o ingreso. Ante estas situaciones, es aconsejable que de forma inmediata se inste el correspondiente procedimiento de modificación de medidas para instar la reducción de la cuantía de la pensión alimenticia acorde con la situación económica actual del obligado al pago.

No obstante ello, resulta frecuente que por la desidia o el desconocimiento del progenitor obligado al pago de la pensión alimenticia no inicie el procedimiento de modificación de medidas y el progenitor a cuyo favor, por razón de la custodia de los menores, se estableció la pensión alimenticia interponga la correspondiente denuncia penal por el impago de pensiones alimenticias tipificado en el art. 227.1 Código Penal, que exige como elementos esenciales:

a)    La existencia de una resolución judicial firme dictada en proceso de separación, divorcio… que establezca la obligación de abonar una prestación económica en favor del cónyuge o de sus hijos.

b)   La conducta omisiva consistente en el impago reiterado de esa prestación económica durante los plazos exigidos en el precepto legal.

c)   La necesaria culpabilidad del sujeto dentro de los inexcusables principios culpabilísticos del art. 5 Código Penal, con la concurrencia, en este caso de omisión dolosa (art. 12 Código Penal), del conocimiento de la obligación de pagar y de la voluntariedad en el impago; voluntariedad que resulta inexistente en los casos de imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida.

Y esta “imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida” es la clave para conseguir una sentencia absolutoria ante una acusación por impago de la pensión alimenticia. En efecto, el propio art. 227.1 Código Penal excluye de sanción penal aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento (“no poder cumplir”).

Cabe destacar, la STS de 13 de febrero de 2001 “A) En los casos de cumplimiento parcial del débito económico debe rechazarse cualquier formal automatismo que convierta en acción típica todo lo que no sea un íntegro y total cumplimiento de la prestación económica. (…) De ahí que ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relación con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito del art. 227.1 Código Penal. Tal cuestión habrá de determinarse en cada caso concreto en función de las circunstancias concurrentes, excluyendo interpretaciones que supongan la consagración de la prisión por deudas con olvido de que en definitiva se trata de una modalidad típica del “abandono” de familia. B) En segundo lugar, de la inexistencia de delito en los casos de imposibilidad de pago no se sigue que la acusación deba probar, además de la resolución judicial y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. Ahora bien, esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida.

Podemos concluir, en definitiva, que corresponde a la acusación con la carga de probar, mediante la averiguación patrimonial,  la situación/capacidad económica del acusado, elemento esencial para acreditar su capacidad para el pago de la pensión alimenticia; y, a sensu contrario, la defensa debiera aportar toda aquella documentación (historia de vida laboral, justificantes de pagos parciales de la pensión, extractos bancarios, justificantes de otras deudas…) para acreditar la falta de recursos económicos para hacer frente a la pensión alimenticia, haciendo hincapié en la voluntad de cumplir con la obligación alimenticia, pese a la insuficiencia económica, mediante los pagos parciales realizados.

El delito de abandono económico de familia requiere un plus de antijuricidad cuando el sujeto, pudiendo satisfacer la pensión, hace dejadez consciente y voluntaria de su obligación.