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Impago de la pensión de alimentos. ¿Delito?. Análisis jurisprudencial.

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Close up of wooden gavel at the computer keyboardEn un post anterior El impago de la pensión alimenticia. Hacia una interpretación que excluya la “prisión por deudas”. y a raíz de la crisis económica nos hacíamos eco del aumento de las denuncias penales por impago de pensiones de alimentos que, en la gran mayoría de los casos, el progenitor obligado al pago de la pensión acababa sentándose en la “banqueta de los acusados”. Decíamos en aquel post, que la clave para conseguir una sentencia absolutoria era acreditar la “imposibilidad objetiva de afrontar la prestación debida” por cuanto el tipo penal del art. 227.1 Código penal excluye de sanción aquellos supuestos de imposibilidad de cumplimiento y tal como afirma la SAP Tarragona 18 de junio de 2013 “el mero incumplimiento de las obligaciones… descritas en el art. 227 CP no puede tenerse como comportamiento penalmente significativo, pues ello supondría, con renuncia a los principios estructurales del sistema punitivo, introducir la prisión por deudas, supuesto éste que se encuentra expresamente vedado en el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York de 19 de diciembre de 1966” y “quien carece efectivamente de medios para hacer frente a la resolución judicial que acuerde una prestación económica en casos de separación… no comete delito – vid al respecto, Circular 2/90 de la Fiscalía General del Estado, respecto a la imposibilidad de cumplimiento como causa de inexigibilidad de otra conducta o como causa excluyente de la culpabilidad”.

El acusado ha de acreditar la imposibilidad real y efectiva de hacer frente al pago de la pensión “sin que esto suponga una inversión de la carga probatoria sustancial que le corresponde a las acusaciones” y debe acreditar “con precisión las condiciones de vida y las fuentes de sustento de las que disponía al momento del incumplimiento típicamente relevante” y el hecho de cumplir otras obligaciones “como la hipotecaria por un valor muy notable que sugiere capacidad de endeudamiento valorada por la entidad crediticia o, incluso, la asunción de la compra de un vehículo durante el periodo de incumplimiento” (SAP Tarragona 18 de junio de 2013) serán indicios significativos de poder hacer frente al pago de la pensión alimenticia.

En el presente post nos hacemos eco de recientes sentencias de la Audiencia Provincial de Tarragona que reafirma tales posiciones:

Así la SAP Tarragona de 20 de junio de 2013 ante el supuesto de hecho de que el acusado carece de dinero en depósito en entidades bancarias, no es titular de bienes inmuebles ni de vehículos, acreditando unos ingresos mensuales de 625’00 € y que, en la medida de sus ingresos, realizó pagos parciales de la pensión fijada en 750’00 € mensuales revoca la sentencia y absuelve al acusado al entender que “impide apreciar en el acusado la voluntad de incumplir con la obligación judicialmente fijada, lo que excluye la culpabilidad de aquél por estar ausente el elemento de antijuricidad ante la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra conducta distinta de la realizada” resaltando que una “situación de imposibilidad constatada de satisfacer la prestación, esta situación objetiva excluye la voluntariedad de la conducta típica y la consecuente ausencia de la culpabilidad por estar ausente el elemento de la antijuricidad, que vendría jurídicamente fundamentado en una situación objetiva de estado de necesidad o, más correctamente, en la concurrencia de una causa de inexigibilidad de otra conducta distinta a la realizada por el sujeto”.

En términos similares se pronunció la SAP Tarragona de 18 de abril de 2013 que revocando la sentencia del juzgado de lo penal absolvió al acusado del delito de abandono de familia (art. 227 Código Penal) al acreditarse que el acusado a pesar de recibir una prestación por desempleo (durante tres meses) pero “desconociéndose cuál fue su importe, sin que queden acreditados ningún otro tipo de bienes a su nombre, ni otro tipo de ingresos, por lo que no podemos afirmar que se haya conseguido acreditar la capacidad de la acción como elemento típico de necesaria acreditación en el delito de omisión que nos ocupa”.

Ahora bien, si el incumplimiento de la pensión de alimentos se inicia poco después de la resolución que impone la obligación del pago de los alimentos puede dar lugar al tipo del art. 227 Código Penal por cuanto “la obligación incumplida fue ordenada en sentencia en consideración a las circunstancias determinantes de la capacidad económica de las partes, sin que desde que la misma adquiera firmeza, poco antes del arranque del periodo de incumplimiento, tan siquiera se promoviera una modificación judicial de la carga prestacional” (SAP Tarragona 18 de junio de 2013) y, por eso y en todo caso, es deseable interponer una modificación de medidas.

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